Gobierno prepara la primera Ley de Lenguaje Inclusivo Obligatorio si Sánchez logra la reelección
El Ministerio de Igualdad plantea un plan de normalización lingüística con sanciones y exámenes oficiales
El Ministerio de Igualdad ha anunciado que, en caso de que Pedro Sánchez renueve su mandato, la próxima legislatura arrancará con una iniciativa sin precedentes: la aprobación de una Ley de Lenguaje Inclusivo Obligatorio. Según fuentes internas, la normativa “garantizará que toda comunicación institucional, desde el BOE hasta los grupos de WhatsApp de funcionarios, respete criterios inclusivos en un 100%”.
La ministra de Igualdad explicó que “ya no basta con voluntad, ahora habrá consecuencias”. El plan contempla tres pilares fundamentales: formación masiva, control exhaustivo y sanciones ejemplares.
Formación obligatoria y exámenes anuales
A partir de 2026, todo trabajador público deberá superar un examen de lenguaje inclusivo para renovar su puesto. El temario incluirá 12.000 páginas con ejemplos prácticos como:
- “Ciudadano” → “ciudadanía diversa”.
- “El hombre es un ser social” → “el ser humano, los seres humanes, y también las plantas de interior, son sociales”.
- “Estimados señores” → “estimades, estimadxs, estimad@z”.
Un borrador filtrado a la prensa indica que el examen será presencial y con opción de hacerlo en verso para mayor expresividad.
“Queremos que un funcionario pueda redactar un acta con la misma naturalidad con la que un poeta escribe un haiku”, declaró la directora general de la futura Oficina del Lenguaje Inclusivo.
Sanciones para las instituciones “no inclusivas”
El proyecto prevé multas de hasta 60.000 euros para organismos públicos que emitan comunicados en lenguaje “exclusivamente masculino” o “lingüísticamente perezoso”. Además, se contempla la posibilidad de retirar fondos a los ayuntamientos reincidentes y de colocar carteles de advertencia en las fachadas: “Este edificio suspende en inclusión”.
Algunos alcaldes han protestado anticipadamente. El regidor de un pequeño municipio de Soria lamentó:
“Nuestro pregonero solo sabe decir ‘vecinos’, y ya nos han advertido que tendremos que contratar un pregonero suplente que sepa gritar ‘veciñas, veciñes, vecin@s y demases’ en las fiestas patronales”.
Versión inclusiva de todas las leyes
El Ministerio ha confirmado que cada ley aprobada en el Congreso tendrá doble publicación: una versión jurídica estándar y otra versión inclusiva, “para garantizar la representación simbólica y emocional de todas las identidades gramaticales”.
Esto implicará que cada texto legal se duplique en extensión. Por ejemplo, la “Ley de Transporte” pasará a denominarse oficialmente:
“Ley de Transporte, Transporta, Transporte, Transportex y Personas Transportadas de Cualquier Identidad y Condición”.*
El Congreso ya estudia habilitar un edificio adicional para almacenar las versiones impresas.
Críticas y reacciones
La Real Academia Española ha calificado el plan de “terremoto lingüístico”, aunque admite que podría revitalizar el sector del papel reciclado. Una portavoz de la RAE confesó:
“No tenemos suficientes sillones ni letras para tantas variantes. Pediremos al Gobierno que cree una RAE 2.0 con el abecedario repetido dos veces”.
En la oposición, algunos partidos han acusado al Ejecutivo de “querer convertir las ruedas de prensa en trabalenguas”. Mientras tanto, colectivos progresistas celebran la medida y piden incluso que se incluya una aplicación oficial con corrector inclusivo obligatorio que bloquee cualquier correo electrónico que no cumpla los estándares.
Ciudadanía entre la confusión y la resignación
En la calle, las opiniones están divididas. Una estudiante de filología declaró emocionada:
“Por fin mi carrera servirá para algo: voy a opositar a correctora inclusiva de correos electrónicos municipales”.
Un jubilado, en cambio, expresó su frustración:
“Antes tardaba cinco minutos en rellenar un formulario, ahora necesito dos tardes y un fisioterapeuta para pronunciar todo”.
Si Pedro Sánchez logra mantenerse en la Moncloa, la legislatura podría pasar a la historia no solo por sus decisiones económicas o sociales, sino también por convertirse en la primera en institucionalizar legalmente un idioma paralelo dentro del idioma.
El Gobierno confía en que esta medida será “un salto histórico hacia la igualdad gramatical”. Entre tanto, varias imprentas han anunciado que ya han agotado las reservas de tinta para las versiones piloto.

















